Acusan a edil de Xoxtla de vender el agua potable
Pobladores exigen su renuncia y la acusan de enriquecimiento ilícito
La disputa por el agua en San Miguel Xoxtla ha escalado a un enfrentamiento político entre la actual alcaldesa, Guadalupe Ortiz Pérez, y su antecesora, Guadalupe Siyancan Peregrina Díaz. El conflicto gira en torno a la posible privatización del agua del Pozo 4, tras un acuerdo que cede el 50% del líquido a la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V., operadora del servicio en Puebla.
La tensión estalló cuando el gobierno municipal actual publicó una minuta de trabajo de 2023, firmada por Siyancan, para justificar la decisión. Sin embargo, tanto la exalcaldesa como el regidor José Alfredo Ponce Palacios han desmentido estas acusaciones, señalando que el verdadero acuerdo se tomó en una sesión de cabildo en abril de 2025, bajo la actual administración.
El documento difundido por el ayuntamiento corresponde a una minuta de trabajo del 27 de julio de 2023, donde se acordó rehabilitar el Pozo 4 y distribuir el agua al 50% entre Xoxtla y la zona metropolitana de Puebla. La firma de Siyancan aparece junto a representantes de Concesiones Integrales y el SOAPAP.
Pero aquí está el detalle: una minuta no es un acuerdo jurídicamente vinculante. Así lo aclaró la exalcaldesa en un comunicado: «Una minuta de trabajo no tiene validez jurídica. El verdadero convenio se aprobó en una sesión de cabildo firmada por la actual administración».
El regidor Ponce Palacios, único en votar en contra, respaldó esta postura: «Mi voto en contra refleja mi compromiso con la defensa de nuestros recursos hídricos. Decisiones así requieren transparencia y participación ciudadana».
El fantasma de la privatización del agua ha encendido las alarmas entre los pobladores, quienes temen que el acuerdo beneficie más a la empresa que a la comunidad. «¿Por qué ceder nuestro agua sin consultarnos?», cuestionan vecinos en redes sociales.
Mientras la exalcaldesa prepara demandas, el regidor Ponce Palacios insiste en que el cabildo debe rectificar. Por otro lado, el gobierno municipal insiste en que todo está dentro del marco legal.
Lo cierto es que el agua se ha convertido en un botín político, y los habitantes de Xoxtla exigen claridad. La pregunta que queda en el aire es: ¿Quién realmente autorizó la privatización del agua, y a qué costo para la comunidad?
Una cosa es clara: esta batalla apenas comienza, y el recurso más vital para Xoxtla está en el centro de la disputa.
